Acercar la justicia a las personas exige más que sentencias ajustadas a derecho. Implica transparencia judicial, participación ciudadana y acceso efectivo a la información. No basta con que los tribunales motiven sus decisiones para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva: se requiere también que los jueces refuercen la confianza pública. Esa confianza no se construye únicamente con un tribunal eficiente, sino con el cumplimiento de las normas bajo principios de integridad y legitimidad institucional.
En los últimos años, el término compliance ha ganado protagonismo en el ámbito institucional. Se refiere al cumplimiento ético y normativo que asegura que la gestión se realice conforme a los lineamientos previstos. El Poder Judicial no está exento de este modelo, puesto que desde 2019 ha asumido como estandarte acercar la justicia a las personas, lo que implica no solo decisiones claras y motivadas, sino también transparencia en la gestión y rendición de cuentas.
El compliance judicial garantiza que los tribunales cumplan con las normas administrativas y procesales, prevengan riesgos de corrupción y fortalezcan la confianza ciudadana. En términos concretos, constituye un sistema de gestión basado en buenas prácticas y estándares internacionales que, desde un modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), administra el riesgo de corrupción, el fraude organizacional interno y las faltas al deber de probidad que amenazan la función pública en la administración de justicia (Alvarado Villalobos).
El cumplimiento normativo por sí solo no asegura legitimidad. Para que el compliance judicial sea efectivo, debe estar acompañado de una ética institucional en el contexto previsto por el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial. Este código establece principios que orientan la conducta jurisdiccional más allá de la norma, tomando en consideración el trato digno a las personas, la transparencia y la excelencia en el ejercicio de la función.
Como bien detalla la referida norma, la excelencia judicial, traducida en un comportamiento ético como “buenos-mejores jueces/juezas”, convierte el cumplimiento en confianza pública. Un tribunal puede cumplir con los plazos y procedimientos, pero si no actúa con sensibilidad frente a los derechos de las personas, la ciudadanía seguirá percibiendo distancia. Por eso, el cumplimiento normativo y la ética deben caminar a la par, con la finalidad de asegurar orden, legitimidad y cercanía.
El Poder Judicial dominicano ha realizado esfuerzos significativos con la finalidad de acercar la justicia a las personas. Con la implementación del Código de Comportamiento Ético, la transformación digital reconocida con el Sello RD Incluye y con la implementación de protocolos de transparencia, se demuestra que la excelencia judicial no es una aspiración, sino una realidad en construcción que fortalece la democracia.
Jurisalia 
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